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Atender lo Invisible


Existen graves problemas que, por distintas razones, se vuelven invisibles en el país. La tragedia está ahí, a la vista de todos, pero nadie la mira. Una de esas tragedias son los miles de obstáculos que enfrentan las personas que sufren alguna discapacidad. La discriminación es invisible. No la vemos. Para la agenda nacional el problema ni siquiera se nombra.

Por ello hay que aplaudir cuando las autoridades miran y atienden un poquito el vacío que existe en la materia. La Asamblea Legislativa del DF recientemente aprobó reformas importantes en este ámbito. Sorprendentemente, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sin vetar la ley, ha decidido postergar su publicación y entrada en vigencia. Muchos nos preguntamos por qué.

En efecto, la Asamblea Legislativa mejoró cualitativamente el marco normativo que rige a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual que requieren asistencia para ejercer sus derechos. Tal es el caso, por ejemplo, de las personas que padecen Asperger, Autismo, que tuvieron un accidente que afectó su capacidad intelectual o que están terapia de rehabilitación por drogas o alcoholismo. En distintos grados y en diversos contextos, estas personas a veces necesitan, temporal o permanentemente, ejercer algunos de sus derechos a través de sus padres o tutores. Uno de los problemas jurídicos más importantes que enfrentan ellos y sus familias tiene que ver cuando adquieren la mayoría de edad. Para que los padres o tutores puedan seguir ayudándolos a ejercer algunos de sus derechos necesitan promover un juicio de interdicción, en donde el juez debe constar la discapacidad intelectual y designar a un tutor que generalmente son los padres o cónyuges.

El problema de la legislación en México es que el juicio de interdicción es blanco o negro, capaz o incapaz, y no contempla grados, tiempos o diferencias entre distintos tipos y formas de discapacidad intelectual. Ello dio lugar a que, en 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte resolviera el amparo de un joven con Asperger que reclamaba la inconstitucionalidad del marco normativo del DF. Para este joven el estado de interdicción de la legislación del DF restringía de manera excesiva sus derechos y violaba lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención establece, entre otras cosas, la necesidad de que la interdicción sea proporcional y adaptada a cada persona en concreto y, además, que sea flexible, revisable y sujeta al plazo más corto posible. La Corte, con una sentencia ejemplar, cuyo proyecto elaboró el ministro Zaldívar, le dio la razón al quejoso y estableció la manera correcta de interpretar la legislación del DF para que estuviese de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales en la materia.

La Asamblea Legislativa retoma esa sentencia y, con ayuda de especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reforma la legislación vigente en el sentido en el que lo han hecho la mayoría de las democracias consolidadas. Algunos elementos clave son:

1) las limitaciones a la capacidad jurídica deben ser determinadas por el juez para cada caso específico, con la ayuda de psicólogos, médicos y expertos en la materia;

2) las limitaciones deben ser proporcionales con la discapacidad de cada persona;

3) el juez debe escuchar y evaluar lo que desea y argumenta la persona con discapacidad;

4) existe la posibilidad de una patria potestad prorrogada en aquellos casos en donde los médicos determinen que la persona no alcanzará plena capacidad mental cuando llegue a la mayoría de edad.

Lo que tenemos que hacer en México para que las personas con alguna discapacidad no sean discriminadas es una tarea monumental. Un paso importante es contar con un marco normativo que le dé instrumentos al juez para definir, caso por caso, de manera proporcional y razonable los límites a la capacidad jurídica de algunas personas con discapacidad. La Asamblea Legislativa ya lo hizo. Sólo falta que el jefe de Gobierno publique la reforma. ¿Por qué no lo hace?

Por Ana Laura Magaloni Kerpel

* Nota publicada en el Periódico Reforma

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